Por Sanlúcar Sí Se Puede (Podemos) lamenta la falta de visión social y de futuro que arrastra nuestro municipio. Desde el año 2015 el grupo municipal ha propuesto la aplicación de distintas bonificaciones sociales, especialmente en lo referente a la ordenanza 301 sobre el I.B.I. Al no conseguir todas medidas que se propusieron, este grupo municipal, volvió a insistir en la modificación de este impuesto para que en la aplicación se compensaran las sucesivas subidas del valor catastral.

El 31 de enero de 2017, fue aprobado en Pleno sin ningún voto en contra el recargo por inmuebles urbanos de uso residencial desocupados con carácter permanente. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sancionando con un incremento del 50% estas viviendas en propiedad de entidades bancarias.

Un año después el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda no parece estar dispuesto a negociar con nadie por el bien de sus ciudadanas y ciudadanos. Después de ser aprobada la moción anteriormente citada, que contemplaba una sanción del 50% más del I.B.I a estas viviendas vacías que pertenecen a entidades bancarias no ha dado su brazo a torcer al no contemplar las tasas de I.B.I con el paquete de medidas que se llevan proponiendo desde 2015. Estas medidas no solo permitirían mantener una posición elevada a la hora de negociar y poder ofrecer estas viviendas como alquileres sociales, de las que se beneficiarían no solo personas en situación de exclusión, jóvenes y colectivos olvidados en Sanlúcar, además estaríamos ante una mayor recaudación a reinvertir en mejoras de todo tipo.

Si bien es cierto que es de valorar que se apliquen ciertas medidas, paliando en lo posible los incrementos que aplica el Estado, a pesar de la caída del precio de los inmuebles después de la burbuja inmobiliaria, en el Pleno de ayer lunes 8 de enero, el grupo municipal Por Sanlúcar Sí Se Puede, decidió abstenerse de votar puesto que no se está sancionando a las entidades que corresponde por mantener viviendas vacías, lo único que se está teniendo en cuenta es bajar el tipo impositivo para paliar la subida de valor catastral.