Como ya veníamos anunciando, familias enteras con niños pequeños, quedan en la calle y el PSOE de Sanlúcar se sigue posicionando con las entidades bancarias.

En la mañana del martes se vivió en nuestro pueblo  una situación ante la que Podemos Sanlúcar ha de posicionarse con la firmeza que le caracteriza. La vivienda es un derecho fundamental. El derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia innegable para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales.

Este martes vimos una cuna de bebé en la acera, ropa amontonada en bolsas de basura, mujeres llorando sobre la acera. Se acababa de consumar el desalojo de las viviendas de la corrala de la calle San Antón. Siete familias, entre ellas cuatro o cinco niños y niñas, un bebé de apenas un mes, son expulsados por orden judicial de las viviendas que ocuparon pertenecientes al Banco Popular, banco que se ha negado a facilitarles un alquiler social que les fuera accesible y que prefieren tener las viviendas vacías esperando el momento de poder seguir especulando con ellas.

El 31 de enero de 2017, fue aprobado en Pleno sin ningún voto en contra el recargo por inmuebles urbanos de uso residencial desocupados con carácter permanente. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sancionando con un incremento del 50% estas viviendas en propiedad de entidades bancarias. Estas medidas no solo permitirían mantener una posición elevada a la hora de negociar y poder ofrecer estas viviendas como alquileres sociales, de las que se beneficiarían no sólo personas en situación de exclusión, jóvenes y colectivos olvidados en Sanlúcar, además estaríamos ante una mayor recaudación a reinvertir en mejoras de todo tipo.

Pero el equipo de gobierno no quiere enfrentarse a la banca. En la misma línea que su partido que no dudó en reformar junto al partido popular el artículo 135 de la Constitución , para anteponer el pago de los intereses de la deuda antes que las necesidades sociales de su pueblo.

Un alcalde ha de estar junto a su pueblo, y no de espaldas a su gente. No puede esconderse tras las paredes de un despacho. Ha de defender los intereses de su ciudadanía por encima de los intereses de los grandes especuladores y los poderes económicos que pisotean los derechos humanos.​